El Salvador desarrolla uno de los procesos judiciales más grandes de su historia contra la Mara Salvatrucha (MS-13). En una macroaudiencia, 486 presuntos cabecillas de la organización son procesados por cerca de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos homicidios, feminicidios, extorsiones, desapariciones forzadas, tráfico de armas y narcotráfico.
La Fiscalía sostiene que los principales líderes de la pandilla dirigían las operaciones criminales desde la cárcel y que, por ello, deben responder bajo el principio de responsabilidad de mando. Con este criterio, los acusados podrían acumular penas que superan ampliamente la expectativa de vida de una persona, llegando a cientos de años de prisión, dependiendo del número y la gravedad de los delitos que se les atribuyan.
Según las autoridades, 413 de los procesados ya permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que otros enfrentan órdenes de captura y son juzgados en ausencia. El objetivo del proceso es desarticular judicialmente toda la estructura de mando de la MS-13 y resolver miles de casos en un solo expediente.
El presidente Nayib Bukele ha calificado el juicio como un hecho histórico y lo ha comparado con los procesos de Núremberg por el uso del principio de responsabilidad de mando. No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el modelo de juicios masivos, al advertir que podría dificultar la individualización de responsabilidades.
