Autoridades comunitarias de Peguche, en la parroquia Miguel Egas Cabezas, aplicaron justicia indígena dentro de un caso de presunta estafa relacionada con la actividad comercial de una ferretería del sector.
De acuerdo con la información conocida durante el procedimiento, más de 30 personas habrían resultado afectadas económicamente.
ANALIZARON DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS
Antes de adoptar una resolución, el Consejo de Gobierno comunitario revisó los elementos incorporados al expediente, entre ellos testimonios, documentos, comprobantes de pago, transferencias bancarias, registros electrónicos y otros elementos de convicción recopilados durante la investigación.
Tras la evaluación conjunta de estas pruebas, las autoridades comunitarias determinaron diferentes grados de intervención y responsabilidad entre las personas vinculadas con la actividad comercial investigada.
SEÑALAN AL PROPIETARIO COMO PRINCIPAL RESPONSABLE
Según la resolución leída públicamente, el propietario y administrador de la ferretería fue señalado como principal responsable de las acciones que habrían ocasionado la afectación colectiva.
El Consejo de Gobierno sostuvo que esta persona dirigía la dinámica comercial, recibía los compromisos económicos y habría generado las condiciones que provocaron los perjuicios denunciados.
Durante el procedimiento comunitario, el señalado habría reconocido su participación y aceptado que sobre él recae la principal obligación de reparar integralmente los daños ocasionados a las familias.
OTRAS PERSONAS FUERON VINCULADAS
La resolución también estableció la participación de otras personas presuntamente relacionadas con el manejo o recepción de recursos económicos, depósitos en cuentas bancarias, captación de clientes y generación de confianza entre los afectados.
Las medidas aplicadas a cada una fueron definidas considerando el grado de intervención demostrado mediante los documentos y testimonios incorporados al expediente comunitario.
DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES
Entre las principales decisiones consta la obligación de garantizar la devolución de los recursos entregados por las personas afectadas.
El Consejo de Gobierno señaló que la reparación deberá establecerse de acuerdo con el nivel de responsabilidad, las acciones ejecutadas y las consecuencias ocasionadas por cada una de las personas involucradas.
La finalidad de las medidas es reparar a las familias perjudicadas, restablecer la confianza social y recuperar la armonía dentro de las comunidades.
SANACIÓN Y PURIFICACIÓN COMUNITARIA
Además de la reparación económica, las autoridades dispusieron la aplicación de medidas de sanación y purificación comunitaria a las personas determinadas dentro del procedimiento.
Estas medidas fueron ejecutadas conforme a las prácticas ancestrales del pueblo y a las decisiones adoptadas dentro de la jurisdicción indígena.
Hasta el momento no se ha informado públicamente el monto total de la afectación ni el plazo establecido para la devolución de todos los valores.
